Precio actual del Bitcoin con gráficos

Medido el 25 de octubre de 2026: 20.103.303 BTC en circulación, es decir, el 95,7 % del límite de 21 millones. El 4,3 % restante, unos 896.700 BTC, se reparte por las reducciones sucesivas a lo largo de más de un siglo; aritméticamente, la última fracción se emite hacia 2140.

Esa cifra se mueve, despacio y solo hacia arriba, de modo que un texto que la enuncie tiene que decir cuándo la leyó. Las guías escritas hace algunos años dan una proporción sensiblemente más baja y no la han vuelto a medir desde entonces; la proporción de arriba se leyó en la cadena en la fecha indicada.

La mayoría de los lectores que llegan de una página sobre el oro esperan que la comparación vaya en un sentido: el oro, limitado por la geología, crece despacio; el bitcoin, joven y recién minado, crece rápido. Desde la reducción a la mitad de abril de 2024, eso ya no es lo que dicen las cifras. Los dos porcentajes son sencillos de calcular y los dos lados del cálculo están publicados.

Dos precisiones más sobre el lado del oro de la tabla. El reciclaje aportó 1.404,3 t adicionales en 2025, con lo que la oferta total llegó a 5.002,3 t, máximo de la serie desde 1970 — pero el oro reciclado no es oro nuevo, ya estaba en las existencias, y por eso la tasa de crecimiento de arriba se queda con la producción minera. Y la cifra de 222.600 t trae su propia sorpresa para el relato del «metal atemporal»: alrededor de dos tercios de ese oro se han extraído desde 1950.

El stock-to-flow son las existencias divididas por la aportación anual a esas existencias. Responde a una sola pregunta: ¿cuántos años de la producción actual están ya sentados en el stock? A partir de las mismas cifras de antes:

Observe lo que muestran las dos primeras filas antes de comparar nada: para el oro solo, la medida da dos cifras distintas, 61 o 45, según si el reciclaje cuenta como flujo o no. Eso es una decisión de definición, no una medición. Quien presente un stock-to-flow como una constante de la naturaleza está sobrevalorando lo que ese indicador es.

Use la medida para lo que sabe hacer: describe con qué lentitud reacciona un stock a una producción nueva y, solo en ese aspecto, hace comparables el oro y el bitcoin. No es un instrumento de previsión, y esta página no da ninguna previsión de precios, de ninguna clase.

• ◆ El oro es escaso porque la corteza terrestre lo mantiene escaso. Cuando el precio sube, los yacimientos más pobres se vuelven rentables, y la tasa apenas se mueve. Una mina nueva necesita típicamente una década o más entre el descubrimiento y la producción. La escasez del oro es un hecho de geología y de tiempo.
• ◆ El bitcoin es escaso porque una regla lo dice. El límite es absoluto, a diferencia del oro, donde existen yacimientos sin descubrir. Y es además sostenido socialmente: se mantiene mientras los participantes sigan aplicando la misma regla de software. A lo largo de todas las disputas que ha tenido la red hasta ahora, la han aplicado.

La formulación honesta: la escasez del oro no se puede abolir pero no es absoluta. La del bitcoin es absoluta pero es teóricamente abolible. Las dos propiedades son reales y ninguna es mejor. Saber cuál de los dos riesgos pesa más para un tenedor concreto es un juicio sobre instituciones, no un cálculo.

• ◆ En casa. Posesión física, sin nadie en medio. Los riesgos — robo, incendio, pérdida — son locales y físicos. La cobertura va normalmente por el seguro del hogar, casi siempre con sublímites bajos para los objetos de valor.
• ◆ Una caja de seguridad en un banco. Lo que la mayoría de los tenedores subestima es la construcción jurídica: el banco aporta el espacio pero no toma posesión del contenido, porque no sabe qué hay dentro. De ahí se sigue que el contenido regularmente no está cubierto por la garantía de depósitos ni asegurado de oficio por el banco, y que la responsabilidad de la entidad está limitada por contrato. El alcance y los límites varían de un país a otro, y por eso aquí no damos ninguna cifra; las fuentes que hemos podido verificar describen el derecho de los Estados Unidos y no el derecho español. Pida la cláusula de responsabilidad por escrito antes de confiar en ella.
• ◆ Un depósito aduanero o una cámara de alta seguridad. Almacenamiento en un custodio especializado, a menudo con asignación nominativa — lingotes identificados uno por uno y auditados. Lo citamos como posibilidad y no damos ni costes ni efectos aduaneros o fiscales, porque depende del derecho nacional y no lo hemos verificado.

Si el bitcoin se comportara como el oro, sus precios se moverían juntos en un grado estable. Las correlaciones publicadas no muestran eso. Muestran algo más incómodo: valores que van de claramente positivos a claramente negativos, según la ventana, la fuente de datos y el método.

El reflejo ingenuo sería elegir uno. Con un abanico que va de +0,70 a −0,88 se puede demostrar lo que un artículo se hubiera propuesto decir, y más o menos así nació ese abanico. La afirmación defendible es una afirmación sobre la dispersión misma: no existe ninguna correlación estable entre el bitcoin y el oro. El valor móvil a doce meses culminó en torno a +0,41 y se mantiene cerca de cero desde 2024, y nuestra propia medición sobre 1.667 días de cotización comunes a partir del 5 de septiembre de 2019 da +0,12: baja, y para una sola ventana. Que la cifra dependa tanto de la elección de la ventana es el hallazgo, y no un defecto de la medición.

La cronología, en la medida en que las fuentes permiten armar una: una relación positiva atravesó 2020 y 2021, lo que dio viento al relato del «oro digital»; de noviembre de 2022 a noviembre de 2024, los dos se movieron bastante juntos; en 2025 la relación se deshizo, con el oro respondiendo al miedo al riesgo sistémico mientras el bitcoin reaccionaba más a las noticias de adopción y a las expectativas de política monetaria.

Las cuatro grandes caídas del bitcoin se citan habitualmente para cerrar el debate. Merecen citarse junto a los peores episodios de los metales mismos, con los años pegados y con una nota expresa sobre la precisión que esas cifras pueden tener honestamente.

La secuencia de cifras es ella misma una afirmación. Alrededor de −93 %, −86 %, −84 %, −77 %: las caídas del bitcoin se han vuelto menos profundas de ciclo en ciclo, y no más. Se puede leer ahí un mercado que madura: más capitalización, más participantes, más liquidez. Lo que eso no autoriza es la extrapolación. Que la próxima caída sea menor no se deduce de cuatro observaciones, y esta página no afirma nada sobre lo que viene después.

El bitcoin es un apunte en un registro distribuido. No hay moneda, ni masa, ni título, ni año de acuñación. Lo que desaparece a favor del bitcoin: el ensayo de autenticidad, el espacio de almacenamiento, el seguro de transporte, la aleación y la ley, los descuentos por piezas dañadas, las primas por objeto en las unidades pequeñas. Lo que desaparece en su contra: todo aquello que no necesita infraestructura alguna. Un lingote de oro funciona sin electricidad, sin red, sin software corriendo en algún sitio y sin que nadie siga calculando. El bitcoin necesita una red en marcha. Que esa red funcione desde 2009 sin un fallo sistémico es la mejor respuesta a esa inquietud, pero diecisiete años son diecisiete años, y el oro sirve de depósito de valor desde mucho antes de que existiera una serie de precios.

Igual que el oro, el bitcoin no paga ni interés ni dividendo. El rendimiento es íntegramente la variación del precio. Es lo que de verdad más tienen en común, y la razón por la que los dos reaccionan a la misma variable: el rendimiento que ofrecen las colocaciones seguras. El artículo original es explícito en que la oferta de unidades nuevas está diseñada para acabar «completely inflation free», es decir, con ningún flujo de entrada corriente.

Una asimetría pertenece a este lugar porque afecta al comprador y no al activo: una transacción de bitcoin confirmada es irreversible y no existe mecanismo alguno por el que un comprador pueda imponer una devolución. La compra de metal a un comerciante se apoya en un contrato, con la garantía legal detrás.

Es el punto mejor documentado de todo el apartado, y se cuenta mal de forma sistemática. El 10 de enero de 2024, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos aprobó modificaciones de reglas que permiten la admisión a cotización y la negociación de productos cotizados respaldados por bitcoin al contado en las bolsas nacionales — formalmente el Securities Exchange Act Release n.º 34-99306, referido a los reglamentos de NYSE Arca, Nasdaq y Cboe BZX. La negociación comenzó el 11 de enero de 2024 con once productos. La autorización llegó más de diez años después de la primera solicitud para un producto al contado, y el detonante inmediato fue una resolución de un tribunal federal de apelación que había anulado una denegación anterior.

«While we approved the listing and trading of certain spot bitcoin ETP shares today, we did not approve or endorse bitcoin.»

Gary Gensler, presidente de la SEC, declaración sobre la autorización de los productos cotizados respaldados por bitcoin al contado, 10 de enero de 2024.

En la misma declaración, el presidente describió el bitcoin como «primarily a speculative, volatile asset that's also used for illicit activity including ransomware, money laundering, sanction evasion, and terrorist financing», y precisó que la decisión estaba «cabined to ETPs holding one non-security commodity, bitcoin». La autorización se cuenta por todas partes como un sello de calidad. La propia autoridad contradijo esa lectura el mismo día en que la concedió. Un sitio de metales preciosos puede citar eso sin tomar partido, porque es la fuente primaria.

No damos ninguna cifra sobre el patrimonio que custodian esos productos ni sobre sus gastos. Esos números cambian a diario, provienen de recopilaciones secundarias y, en una guía publicada en 27 idiomas, están garantizados a caducar. La descripción honesta es de orden de magnitud: se trata hoy de vehículos grandes y regulados, y sus flujos se siguen como un canal de demanda.

Un ETF clásico de bitcoin no es posible en la Unión Europea, porque el marco UCITS no permite un fondo sobre un activo único. Lo que existe en su lugar son ETP o ETN con respaldo físico — jurídicamente títulos de deuda garantizados con bitcoin, negociados en bolsa y custodiados en una cuenta de valores ordinaria.

Esa forma jurídica es la parte que merece entenderse, porque no es lo que sugiere la etiqueta. Las clases de coste y de riesgo son: unos gastos corrientes que se descuentan a diario del valor de la participación; la diferencia de bolsa al comprar la participación, que se suma a los gastos corrientes y que se olvida con frecuencia; los gastos de custodia y de orden del banco del inversor; y el riesgo de emisor, porque el instrumento es un título de deuda — atenuado cuando lleva respaldo físico con derecho a reembolso en especie, pero no reducido a cero.

Merece la pena trazar explícitamente una comparación con el lado del metal: en una compra de metal físico, el coste puntual dominante suele ser la prima del comerciante y, fuera del oro de inversión, el impuesto indirecto. Con el bitcoin, los costes dominantes son la diferencia de precio y, en una vía titulizada, unos gastos corrientes que corren pase algo o no pase nada. Dos formas de coste distintas, y cuál de las dos muerde depende por completo del tiempo que se mantenga la posición.

La escala no está en un solo precepto, sino repartida en dos que hay que sumar: el art. 66 (parte estatal) y el art. 76 (parte autonómica) de la Ley 35/2006. La disposición final séptima de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre elevó las dos mitades del tramo superior con efecto desde el 1 de enero de 2025. El art. 66.2, que se aplica a los contribuyentes no residentes, recoge la escala ya sumada y nombra allí los cinco tipos: esa es la comprobación independiente.

La ganancia patrimonial nace con independencia del tiempo que se haya tenido el bien. En España no existe ningún plazo tras el cual la venta de bitcoin quede libre de impuesto, y tampoco una reducción que crezca con los años. Vender a los diez días y vender a los diez años se tratan igual. Los antiguos coeficientes de abatimiento están suprimidos desde la reforma de 2015 y, en cualquier caso, solo afectaban a adquisiciones anteriores a 1994.

Esta es una afirmación negativa, y la decimos con el cuidado que merece: no proviene de un precepto que diga «no hay plazo», sino de que en ninguna de las fuentes españolas abiertas para esta página aparece un plazo de tenencia, ni para los criptoactivos ni para las ganancias patrimoniales en general, y de que el mecanismo que podría albergarlo está derogado.

Las pérdidas patrimoniales se compensan en primer lugar con las ganancias patrimoniales de la misma base del ahorro. Si queda saldo negativo, el art. 49 de la Ley 35/2006 permite compensarlo con los rendimientos del capital mobiliario de esa misma base — intereses y dividendos — pero solo hasta un porcentaje de su importe; el resto se puede arrastrar a los cuatro ejercicios siguientes. Con las rentas del trabajo, que están en la base general, no hay compensación posible.

Es el punto en el que España es más dura que varios de sus vecinos, y el que más se cuenta mal. Cambiar bitcoin por otra criptomoneda no es un movimiento interno de cartera: es una permuta. La valoración sigue el art. 37.1 h) de la Ley 35/2006 — la regla que la ley reserva precisamente a los intercambios — y el resultado es una ganancia o pérdida patrimonial en la base del ahorro, exactamente igual que si se hubiera vendido por euros. Las resoluciones que fijaron esta lectura son las consultas vinculantes V0999-18 y V1149-18 de la Dirección General de Tributos, y fueron de las primeras que se dictaron en España sobre criptoactivos.

La consecuencia práctica es más severa de lo que parece, y se entiende mejor por contraste: en algunos países este cambio queda en suspenso hasta que se vuelve a dinero, y en otros una espera suficiente lo libera. En España no hay ninguna de las dos salidas. El cambio tributa cuando se hace, y no existe plazo que luego retire el impuesto. Quien haya movido una cartera muchas veces entre criptoactivos sin tocar nunca un euro puede tener, aun así, ganancias que declarar en cada uno de esos años.

Un punto adyacente que dejamos marcado y no afirmamos: para asignar el coste de adquisición cuando se vende solo una parte de lo que se tiene, la doctrina administrativa viene aplicando el criterio de que sale primero lo que entró primero, por analogía con los valores homogéneos del art. 37.2. No hemos podido abrir esa doctrina para esta página, de modo que lo señalamos como no acreditado en lugar de presentarlo como regla establecida. Quien tenga varias compras a precios distintos debería hacerse confirmar el criterio antes de calcular.

Para quien llega de una página de metales, esta es la parte sorprendente del apartado, y es el contraste que de verdad responde a la pregunta. El cambio de euros por criptoactivos, y de criptoactivos por euros, está exento de IVA. No porque España haya dictado una norma propia para ello, sino porque la exención general de las operaciones financieras de la Ley 37/1992 se interpreta de ese modo desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de octubre de 2015, asunto C-264/14, conocido por el nombre del demandante, Hedqvist. La Dirección General de Tributos siguió esa línea en una serie de consultas vinculantes, entre ellas V1029-15, V2846-15 y V3625-16.

Lo que importa de la técnica española es que no hubo cambio de ley: España aplicó la sentencia a través de la exención que ya existía, por vía de doctrina administrativa. Es la misma técnica que empleó Alemania, y lo contrario de lo que ocurrió en Grecia, donde un órgano de resolución de controversias argumentó en 2023 expresamente en sentido contrario. No se conoce ninguna desviación española respecto de la sentencia.

Dos notas de alcance para no exagerar el hallazgo. Qué tipo del IGIC correspondería en Canarias a una operación con criptoactivos no se ha levantado para esta página, y no se indica ninguno. Y la exención del IVA no dice nada sobre la ganancia: el bitcoin no paga impuesto indirecto al comprarse y paga exactamente la misma escala que el metal al venderse con ganancia.

Este es el punto en el que un lector que venga de nuestra página del rodio está mejor informado que la media, porque conoce una figura que en muchos países no existe. Cuando se compra metal a una persona particular, en España paga el comprador: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en su modalidad de transmisiones onerosas, grava la adquisición de «toda clase de bienes» (art. 7.1.A) del RDLeg 1/1993), el sujeto pasivo es el adquirente (art. 8.a)) y el tipo supletorio es el 4 % (art. 11.1.a)), sin importe mínimo que lo salve. Lo confirmó el Tribunal Supremo en la STS 1694/2019, de 11 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:4027), y las consultas vinculantes V0819-12 y V2131-12. Cuando se compra a un empresario, el impuesto no nace, porque cede ante el IVA (art. 7.5) — y eso es un supuesto de no sujeción, no una exención.

El Impuesto sobre el Patrimonio se devenga el 31 de diciembre y alcanza al conjunto de los bienes, no a una lista. El metal precioso entra por la norma de cierre del art. 24 de la Ley 19/1991 — «los demás bienes y derechos de contenido económico» — con un mínimo exento estatal de 700.000 € (art. 28.Dos, salvo que la comunidad autónoma regule otra cosa) y una escala estatal que va del 0,2 % al 3,5 % (art. 30.2). Por encima de un patrimonio neto de 3.000.000 € se añade además el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (art. 3 de la Ley 38/2022), con el mismo mínimo exento y la misma fecha de devengo.

Los criptoactivos pertenecen igualmente al patrimonio gravado — la afirmación contraria, que se encuentra con frecuencia, no está respaldada por ninguna fuente. Pero aquí hay otra reserva que nombramos en lugar de taparla: la norma de valoración específica de los criptoactivos en este impuesto, introducida por la Ley 11/2021, no se ha podido abrir para esta página, y por eso no se describe aquí cómo debe valorarse una cartera a 31 de diciembre. Lo que sí está acreditado es que esa misma Ley 11/2021 tomó los criptoactivos en consideración, porque su preámbulo anuncia expresamente la obligación de informar sobre los que están en el extranjero. De eso trata el punto siguiente.

Si ha llegado a esta página desde nuestras páginas del oro, de la plata o del rodio, es esta tabla la que contiene la respuesta a su pregunta. Y la forma de la respuesta es la parte interesante: las filas de la venta son idénticas, y las de la compra no se parecen.

España tiene aquí la red más densa de los países de esta serie, y — esto es lo que casi nadie cuenta — la tenía antes de que la Unión Europea se lo pidiera. Son tres piezas.

La primera es la declaración de la renta, el modelo 100. Las ganancias patrimoniales obtenidas con criptoactivos se declaran ahí, con casillas propias para las monedas virtuales. La campaña se fija cada año mediante una Orden propia, y no damos ninguna fecha: la Orden del ejercicio correspondiente no se pudo abrir para esta página, y un plazo escrito de memoria es exactamente la clase de dato que hace perder una fecha límite.

La segunda es la que los inversores españoles pasan por alto con más frecuencia, y aquí sí tenemos texto: el modelo 721, la declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero, aprobada por la Orden HFP/886/2023, de 26 de julio (BOE-A-2023-17429, publicada el 29 de julio de 2023).

«La presentación del modelo 721 … se realizará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.»

«… será de aplicación por primera vez al modelo 721 … correspondiente al ejercicio 2023, que se presentará entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024.»

Orden HFP/886/2023, de 26 de julio, por la que se aprueba el modelo 721 «Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero».

El umbral está redactado al revés de como suele contarse: la norma no dice quién debe declarar, sino quién no. Y se mide sobre el conjunto de los saldos a 31 de diciembre:

«No existirá obligación de informar sobre ninguna moneda virtual cuando los saldos a 31 de diciembre … valorados en euros no superen, conjuntamente, los 50.000 euros.»

Art. 42 quater del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (RD 1065/2007), introducido por el Real Decreto 249/2023, de 4 de abril (BOE núm. 81, de 5 de abril de 2023). La obligación legal de la que deriva está en la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003, en la redacción de la Ley 11/2021, de 9 de julio.

La tercera pieza no la presenta el inversor, pero produce los datos que el inversor tendrá que cuadrar. La Orden HFP/887/2023, de 26 de julio (BOE-A-2023-17430, también del 29 de julio de 2023) aprobó el modelo 172, «Declaración informativa sobre saldos en monedas virtuales», y el modelo 173, «Declaración informativa sobre operaciones con monedas virtuales». Los obligados son los custodios (art. 39 bis del RD 1065/2007) y quienes intervienen en la adquisición, la transmisión y el cambio, comisiones incluidas (art. 39 ter, apartados 1 y 3), ambos introducidos por el mismo RD 249/2023. Se presentan en enero del año siguiente al de la información declarada, y la Orden precisa que se aplicaron por primera vez a los modelos presentados en enero de 2024, correspondientes al ejercicio 2023.

La Directiva (UE) 2023/2226 del Consejo, de 17 de octubre de 2023, conocida como DAC8, obliga a los proveedores de servicios de criptoactivos a declarar a sus usuarios ante las administraciones tributarias y a intercambiar esa información entre Estados miembros. En casi todas las ediciones de esta guía, el apartado correspondiente describe una transposición. En la española hay que describir otra cosa, y conviene decirlo como estado de una tramitación y no como derecho vigente: a 25 de octubre de 2026, España no la ha transpuesto.

Lo escribimos así porque consta de tres direcciones oficiales independientes. La Comisión Europea abrió procedimiento de infracción: en el paquete de infracciones de enero, INF/26/115, de 30 de enero de 2026, decidió «open infringement procedures by sending a letter of formal notice to 12 Member States» — entre ellos España — «for failing to fully transpose Directive (EU) 2023/2226», con un plazo de respuesta de dos meses. El Ministerio de Hacienda, por su parte, informó el 3 de junio de 2025 de que el Consejo de Ministros había aprobado «en segunda vuelta el proyecto de Ley que transpone la Directiva UE 2023/2226» y que el Gobierno lo «remite a las Cortes»; en la página de normativa del propio Ministerio figuran un anteproyecto de 4 de marzo de 2024, un proyecto de real decreto de 28 de julio de 2025 y un proyecto de orden ministerial de 9 de marzo de 2026, es decir, todavía borradores en marzo de 2026. Y la comprobación negativa: el texto consolidado de la Ley 58/2003 mostraba como última actualización el 21 de diciembre de 2024, sin ninguna referencia a los criptoactivos ni a esa directiva.

No es el objeto de esta página, y por eso nos limitamos a lo que se puede sostener. El dato de partida es que no existe ninguna norma española que nombre el staking, la minería o el préstamo de criptoactivos. Todo se resuelve por doctrina administrativa, y esa doctrina es precisamente la que no fue legible para esta página.

• ◆ Staking y préstamo. La dirección en la que apunta la doctrina es tratarlos como rendimientos del capital mobiliario, lo que los dejaría en la misma base del ahorro y en la misma escala que la ganancia. No lo afirmamos como establecido y no damos ninguna cifra propia para ellos.
• ◆ Minería. La dirección aquí es la contraria y el efecto es mayor: minar se considera regularmente una actividad económica, con alta en el censo de empresarios y profesionales, lo que saca la renta de la base del ahorro y la lleva a la base general, cuya escala es progresiva y notablemente más alta y además depende de la comunidad autónoma. No escribimos ningún tipo, porque el único soporte sería una doctrina que no hemos podido abrir.
• ◆ Lo que esto significa para el lector. Una laguna de doctrina no es una exención. Si alguien obtiene rentas por estas vías, la respuesta correcta no está en una guía, está en un profesional o en una consulta propia a la Administración.

• ◆ «El tipo máximo es el 28 %.» Caducado. Desde el ejercicio 2025 es el 30 % por encima de 300.000 € de base liquidable del ahorro, por la disposición final séptima de la Ley 7/2024. Esta cifra estuvo mal también en la configuración de este sitio hasta el 23 de octubre de 2026, y el efecto fue que la calculadora daba de menos en las ganancias grandes. Lo contamos porque el error es fácil y nuestro.
• ◆ «El bitcoin tributa al 19 %.» Falso: el 19 % es solo el primer tramo, hasta 6.000 €. La base del ahorro es progresiva, 19 / 21 / 23 / 27 / 30 %.
• ◆ «El modelo 721 lo tiene que presentar cualquiera que tenga criptoactivos.» No: solo quien los tenga en plataformas en el extranjero y solo si los saldos a 31 de diciembre superan conjuntamente los 50.000 €. Lo que está en un proveedor registrado en España lo informa el proveedor por los modelos 172 y 173.
• ◆ «El modelo 721 solo rige desde 2024.» Se presenta por primera vez por el ejercicio 2023, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024. No es lo mismo, y de esa diferencia depende que falte una declaración.
• ◆ «Después de X años de tenencia, la venta está libre de impuesto.» En España no hay plazo de tenencia para las ganancias patrimoniales. Los coeficientes de abatimiento están suprimidos desde 2015. Quien traslade el plazo alemán de un año está inventando derecho.
• ◆ «Cripto por cripto no tributa mientras no se venda por euros.» Falso: es una permuta con ganancia o pérdida (art. 37.1 h) de la Ley 35/2006, consulta V0999-18). Y en España es más gravoso que en otros países justamente porque ningún plazo retira después ese impuesto.

A esa lista pertenece también la frase contraria, por si acaso: «los criptoactivos no están sujetos al impuesto sobre el patrimonio» no está respaldada por ninguna fuente, y lo único que esta página deja abierto sobre ese impuesto es la norma de valoración, no la sujeción.

Esta exposición no constituye asesoramiento fiscal. Describe el estado de los textos tal como se ha podido verificar el 25 de octubre de 2026 y señala expresamente los puntos que no lo están: el texto literal de la doctrina de la Dirección General de Tributos, el porcentaje de compensación del art. 49, el plazo de la campaña de la renta, el criterio de imputación en las ventas parciales, la norma de valoración de los criptoactivos en el Impuesto sobre el Patrimonio, el tratamiento del staking, de la minería y del préstamo, y la sujeción de la compra entre particulares al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. En caso de duda, consulte a la Agencia Tributaria o a un asesor fiscal.